Publicado en
Jul 29, 2021
Categoría
Mercado

¿Una nueva ley de bancos, un tema técnico y lejano a la gente?

Artículo Nº 3 – 2018

Consultant Director: Sr. José Mena

En septiembre del 2015, el ministro de Hacienda de la Presidenta Bachelet, Rodrigo Valdés creó una comisión de trabajo conformada por diversos expertos ligados al sistema financiero. Desde meses previos, desde la Superintendencia de Bancos (SBIF) y desde el Banco Central, los equipos técnicos venían trabajando un borrador con las modificaciones requeridas a la todavía actual Ley de Bancos que data del año 1997, lineamientos generales de dicho documento fueron presentados como base de trabajo a la comisión de expertos.

A comienzos de diciembre del 2015, la comisión concluyó unánimemente la redacción de un documento de 78 páginas a la autoridad, con las prioridades y sugerencias para las modificaciones a la Ley de Bancos.

Han pasado 30 meses, y la propuesta final trabajada posteriormente por los responsables del estado para la nueva Ley de Bancos, aún no termina su trabajo en el Congreso.

La actual Ley de Bancos tiene 21 años, y pareciera qué hay otros temas más urgentes y cercanos a la gente. Algunos pueden pensar que, si el país y el sistema financiero ha operado más de dos décadas con la actual ley, es posible esperar otros años sin que se afecte el bienestar de las personas. Sin embargo, no basta la gestión prudencial de algunas autoridades y de las Gerencias de las entidades financieras en los años pasados, para enfrentar la gama de riesgos y desafíos en la banca actual y futura. La Ley de Bancos de 1997 estaba en la frontera de las mejores prácticas internacionales, y resaltaba en la comparación con países vecinos. La situación actual se ve atrasada y peligrosamente rezagada en el ranking de países comparables.

Pero ¿es esta situación un tema para los técnicos y lejana a la gente?

Muchos de nosotros como ciudadanos disponemos de ahorros en el sistema financiero chileno. La mayor parte como ahorro obligatorio expresado en los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Otro grupo también significativo, como ahorro voluntario, a través de depósitos a plazo, cuentas de ahorro, fondos mutuos bancarios u otros instrumentos financieros más sofisticados que los Bancos ofrecen.

Para muchos de la actual generación parece natural el suponer que los ahorros en el sistema bancario, con sus intereses, reajustes y capital, se perciban sin pensar en que dichas obligaciones tienen una probabilidad de riesgo que no se cumplan. Sin embargo, en la historia de nuestro país y de muchos países en el mundo, algunos de ellos vecinos, este supuesto no se ha cumplido generando pérdidas de parte o del total de los ahorros.

Un primer concepto a incorporar a la ley de Bancos, buscan reforzar la base de capital de las instituciones, generando límites y mecanismos de alerta temprana que generan un mayor respaldo, posibilitando que la confianza y fe pública se robustezca.

Un segundo concepto busca mejorar la gestión de riesgos de los Bancos, adecuándolo a un mundo más complejo que el de hace 21 años, y mejorando las herramientas que se hagan cargo de los riesgos que en el futuro pueda enfrentar el sistema. También este punto implica reforzar la confianza y fe pública.

Un tercer concepto, se refiere al gobierno corporativo de la SBIF, en donde el punto a definir es la estructura compatible que permita administrar una ley, en que sólo los grandes conceptos queden en el texto, pero generando un amplio espacio de normativa flexible, a fin de adecuar ahora y en el futuro, los conceptos técnicos que respondan o se adelanten a las modificaciones de riesgos y de negocios que experimente el sistema financiero internacional y nacional. Por ello, la conclusión de la comisión de expertos fue que la estructura más adecuada que permitía mayor confianza y cuidado de la fe pública, entre otras razones, era el de un cuerpo colegiado.

Un último concepto relevante sugerido por la comisión tiene que ver con la oportunidad de enfrentar un par de aspectos que han debilitado la confianza y fe pública. En primer término, el actual perímetro regulatorio muy estrecho que ha llevado a la SBIF a ser espectadora de las grandes estafas de los últimos años, y en segundo término la imposibilidad de legislar hace más de 15 años, para que los operadores financieros cuenten con un sistema de deuda consolidada, lo cual generaría mayores beneficios especialmente para los segmentos de menores ingresos.

Confianza y fe pública, conceptos que nuestra actual sociedad necesita trabajar en muchos ámbitos para reforzarla. Una nueva y mejor Ley de Bancos es clave para avanzar en esos objetivos.

José Mena

Consultant Director

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